El Gobierno anunció que quienes no registren la tarjeta SUBE deberán pagar una tarifa más elevada en el transporte público. Esta medida, implementada a partir de febrero, implica un costo oculto relacionado con la protección de los datos personales.
¿Qué implica el registro de la SUBE?
El registro de la tarjeta SUBE requiere la entrega de datos personales como nombre, apellido, género, mail y DNI. Además, se registra la trayectoria de cada usuario, incluyendo los recorridos en colectivos y trenes, horarios y lugares de subida y bajada.
Esta información es almacenada en una base de datos centralizada bajo la órbita del Estado Nacional. Quienes trabajan en temas de libertades individuales y privacidad advierten que toda tecnología con potencial para la vigilancia puede ser utilizada eventualmente para ese fin, incluso si no fue su intención original.
¿Quién puede querer nuestros datos?
El servicio de la SUBE es administrado por el Banco Nación a través de la empresa Nación Servicios S.A. Esta institución se encarga del almacenamiento y gestión de los datos personales, sin embargo, no hay información clara sobre plazos de retención ni políticas de destrucción.
Los datos recopilados pueden tener valor económico, ya que permiten inferir hábitos de consumo, definir políticas públicas y prever situaciones diversas. Además, su uso por parte de las fuerzas de seguridad no es una excepción, sino parte de la regla.
¿Para qué se impulsa la recolección de estos datos?
El Estado debe abstenerse de exigir datos sin una finalidad clara y específica. La ley de protección de datos establece que los datos solo pueden ser usados para el propósito declarado, respetando plenamente su finalidad.
No hay evidencia concreta que justifique la recolección indiscriminada de datos personales identificados en el transporte público. La información estadística anónima es suficiente para implementar políticas públicas sin necesidad de conocer quiénes son las personas involucradas.
La cultura de protección de datos aún no está consolidada en Argentina, donde se ha observado una tradición de invasión a la privacidad. El Estado ha recolectado información sensible en múltiples áreas sin garantizar su seguridad ni respetar el derecho a la autodeterminación sobre los mismos.